La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario alza la voz ante los hechos ocurridos este día en la preparatoria privada “Anton Makarenko”, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de 15 años presuntamente privó de la vida a dos maestras dentro del plantel educativo.
Desde la comunidad de psicólogos y psiquiatras, este hecho no puede interpretarse como un caso aislado ni como un episodio inesperado. Por el contrario, representa una dolorosa confirmación de lo que desde hace años se ha advertido insistentemente: la falta de una política pública seria, integral y profesional en materia de salud mental está generando consecuencias cada vez más graves en nuestros entornos escolares y comunitarios.
Durante años se ha insistido, en foros, medios de comunicación y propuestas técnicas, sobre la urgente necesidad de construir una estrategia nacional y local de salud mental con bases sólidas, estructura institucional, presupuesto suficiente y personal verdaderamente capacitado. Sin embargo, lo que hoy persiste es la improvisación, la simulación y el nombramiento de funcionarios sin el perfil ni la formación especializada que este tema exige.
Lo ocurrido en Michoacán no puede reducirse a una tragedia aislada. Es el resultado de años de omisión institucional frente a las múltiples señales de alerta que niñas, niños y adolescentes emiten constantemente y que, en demasiados casos, no encuentran atención oportuna. Un adolescente en crisis, inmerso en un entorno escolar sin contención emocional, sin protocolos de detección temprana y sin redes reales de apoyo psicológico, representa una emergencia que el Estado mexicano —y particularmente las autoridades estatales y municipales— han decidido ignorar por demasiado tiempo.
Las estrategias implementadas hasta ahora han demostrado ser insuficientes. La salud mental no puede atenderse con buenas intenciones, discursos vacíos, compadrazgos políticos o acciones superficiales. Tampoco puede reducirse a campañas improvisadas o programas sin sustento técnico. La salud mental requiere política pública real, inversión sostenida, intervención clínica profesional, trabajo comunitario serio y voluntad política auténtica.
Por ello, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario exige:
1. La creación de una política local y nacional de salud mental escolar, con enfoque clínico y comunitario, que incluya diagnósticos reales, mecanismos de detección temprana, atención individual y grupal dentro de los planteles educativos, así como seguimiento profesional.
2. Que los cargos relacionados con salud mental en instituciones públicas sean ocupados exclusivamente por profesionales con formación acreditada en el área, mediante procesos transparentes, técnicos y por mérito, no por designaciones políticas o intereses ajenos a la especialización requerida.
3. La asignación de un presupuesto específico, suficiente y etiquetado para programas de salud mental en el sistema educativo, tanto público como privado, que garantice atención efectiva y permanente.
4. La implementación de un protocolo nacional de intervención en crisis, aplicable en todos los niveles escolares del país, con lineamientos claros de prevención, atención, contención y seguimiento.
Lamentamos profundamente el asesinato de las dos docentes y expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con toda la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas. Su muerte no puede quedar reducida a una nota de impacto momentáneo que se olvide en pocos días. Debe convertirse en un punto de quiebre que obligue a las autoridades a actuar con responsabilidad, urgencia y seriedad.
Si este problema continúa siendo ignorado, estos hechos seguirán repitiéndose. Y la responsabilidad, una vez más, recaerá en quienes tuvieron la posibilidad de actuar y eligieron no hacerlo.