Un juez especializado en justicia penal para adolescentes dictó sentencia contra Osmar “N”, el menor de edad responsable del homicidio de dos docentes al interior del colegio Makárenko, imponiéndole tres años de internamiento en un centro especializado, además del pago de 3 millones de pesos como reparación del daño a favor de las víctimas.
La resolución judicial pone fin al proceso iniciado tras los hechos ocurridos en marzo de este año, cuando el entonces estudiante de nivel medio superior ingresó armado al plantel educativo y disparó contra dos profesoras, quienes perdieron la vida en el lugar.
El ataque generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego a través del número de emergencias 911. Al arribar al colegio, ubicado sobre la calle Francisco Villa, en el centro de Lázaro Cárdenas, los elementos policiacos localizaron sin vida a las docentes María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla.
La investigación incluyó publicaciones realizadas antes del ataque
Como parte de las investigaciones, las autoridades documentaron que horas antes de la agresión el adolescente publicó en redes sociales diversos contenidos que fueron incorporados a la carpeta de investigación.
Entre ellos figuraban imágenes y videos en los que aparecía portando un arma de fuego, además de mensajes y referencias que fueron analizados por las autoridades ministeriales para reconstruir los hechos y establecer la secuencia previa al ataque.
Posteriormente, durante la audiencia inicial, el juez especializado lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en agravio de las dos docentes y ordenó como medida cautelar su internamiento preventivo en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes Lic. Omar Montes Juárez, mientras se desarrollaba la investigación complementaria.
Concluye el proceso judicial
Tras concluir la etapa de investigación, el órgano jurisdiccional emitió la sentencia correspondiente conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que contempla sanciones diferenciadas respecto a las aplicables a personas mayores de edad.
Además del internamiento por tres años, el juez determinó una reparación del daño por 3 millones de pesos, como parte de las medidas derivadas del proceso penal.
El caso generó un amplio impacto en Michoacán al tratarse de un ataque ocurrido dentro de un centro educativo, reavivando el debate sobre la atención a la salud mental, la prevención de la violencia entre adolescentes, el acceso a armas de fuego y la detección temprana de conductas de riesgo en entornos escolares.
Las autoridades no han informado sobre nuevas acciones relacionadas con este caso, cuya resolución judicial concluye una de las investigaciones de mayor repercusión registradas recientemente en la entidad.