El Gobierno de México estableció el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, instrumento publicado el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fijan una ruta de coordinación para fortalecer la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país.
El acuerdo establece directrices de observancia obligatoria para las unidades administrativas de Semarnat y Conafor, dentro de sus respectivas competencias, y contempla la coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, jóvenes, sectores académico, profesional, industrial, social, agrícola y pecuario.
De acuerdo con el documento publicado en el DOF, México cuenta con 138.7 millones de hectáreas de vegetación forestal, equivalentes a alrededor del 71 por ciento del territorio nacional. En las zonas forestales habitan 11.9 millones de personas distribuidas en 103 mil 605 localidades.
El acuerdo establece 10 directrices para el sector forestal
El instrumento contempla diez líneas prioritarias de acción para enfrentar problemas como la deforestación, la degradación de los ecosistemas, los incendios forestales y la tala ilegal.
Entre ellas se encuentran la conservación, restauración y reforestación de bosques y selvas, así como la protección y restauración de los manglares, considerados ecosistemas estratégicos.
También se plantea promover una producción sustentable libre de deforestación, con participación de los sectores agrícola y ganadero, además de fortalecer el desarrollo forestal y la silvicultura comunitaria.
El acuerdo contempla igualmente apoyar empresas forestales lideradas por mujeres, fomentar cadenas de valor forestales sostenibles mediante la colaboración entre los sectores público, privado y social, e impulsar programas de pago por servicios ambientales que contribuyan al abasto de agua y a la conservación de la biodiversidad.
Otro de los ejes es fortalecer el Programa de Manejo del Fuego y prevenir incendios forestales de origen agropecuario. A ello se suma el impulso a la comercialización de productos forestales de origen legal como una medida para combatir la tala ilegal.
La décima directriz establece la necesidad de simplificar, mejorar y modernizar los trámites forestales, con el propósito de facilitar que ejidos, comunidades y pequeños propietarios puedan acceder a las autorizaciones necesarias para aprovechar de manera sustentable sus recursos.
Comunidades tendrán un papel central en la conservación
El acuerdo reconoce la importancia de la propiedad social y del manejo comunitario de los recursos forestales. Según el documento oficial, una parte significativa de la vegetación forestal se encuentra en 16 mil 953 ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En estas zonas viven 11.9 millones de personas, y aproximadamente 30 por ciento de quienes habitan los ecosistemas forestales son indígenas o afromexicanos. El documento señala que las condiciones de acceso a infraestructura, financiamiento y oportunidades económicas representan retos para la gestión sustentable de estos territorios.
Para poner en marcha las directrices, Semarnat y Conafor promoverán la celebración de convenios de coordinación y concertación con entidades federativas, municipios y otros sectores involucrados.
Estos instrumentos deberán establecer los compromisos de las partes, responsabilidades de ejecución, aportaciones de recursos y mecanismos para evaluar los resultados, de acuerdo con las atribuciones legales de cada participante.
La Conafor será responsable de dar seguimiento a las acciones de implementación y deberá informar a la Semarnat sobre sus avances de manera semestral.
El acuerdo fue firmado el 4 de septiembre de 2026 en Zapopan, Jalisco, por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el director general de la Conafor, Sergio Graf Montero. Posteriormente fue publicado en el DOF el 15 de septiembre y entró en vigor al día siguiente.