Una corte de Nueva York, acusa directamente a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa por nexos con el crimen organizado de esa entidad, junto con otras 9 personas que ostentaban diferentes puestos en la administración pública del estado, entre quienes se encuentran funcionarios de primer nivel y alcaldes, así como director de seguridad pública municipal en Culiacán.
De acuerdo con un comunicado emitido hace unas horas por parte de la fiscalía estadounidense que señala estos nexos servían para facilitar el envío de drogas hacia el vecino país del norte, además, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadunidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel, han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo como se presume, a ciertos de los acusados, han participado directamente en la violencia y revanchas del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y asesinatos de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con autoridades de EU en esta investigación”.
El grupo de acusados son funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal
Dentro de la lista de acusados por el gobierno de Estados Unidos, aparecen diferentes figuras claves del gabinete del gobernados, sobre todo en lo que está relacionado con carácter del sistema de seguridad pública, desde donde se presume que cubrían las acciones del cartel de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal General de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
- El caso incluye señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Según las autoridades estadunidenses, los imputados en este tema lograron establecer una presunta red de protección para las operaciones del Cártel de Sinaloa y señalaron que el grupo criminal conocido como “Los Chapitos” habría intervenido en el proceso político que llevó al poder al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mediante presuntas acciones de intimidación y secuestro contra rivales políticos.
Rocha Moya asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 tras una elección en la que, según la acusación, integrantes del grupo delictivo habrían contribuido a su victoria. Entre las acciones descritas se encuentran la coacción de opositores para influir en el resultado electoral.
Las autoridades estadunidenses también sostienen que, antes y después de asumir el cargo, el mandatario estatal habría participado en reuniones con miembros de la organización criminal, en las que presuntamente acordó brindar protección a sus operaciones a cambio de apoyo político.
Según estas versiones, ya como gobernador, Rocha Moya habría permitido que el grupo operara con impunidad en el estado, facilitando la distribución de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, no se han difundido respuestas oficiales del mandatario ni de su administración respecto a estos señalamientos, los cuales forman parte de acusaciones presentadas en cortes estadunidenses y que deberán ser probadas en el marco del debido proceso.
El proceso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos
Cabe recordar que esta acusación se da luego de que al gobernador de estado de Sinaloa le fue cancelada su Visa por parte de Estados Unidos, lo que hizo sospechar que se trataba de una posible investigación en su contra.