El despido de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública, ocurrido el pasado 30 de junio, ha generado críticas y preocupación entre diversos sectores, al considerar que la medida podría impactar la atención que reciben personas en condición de vulnerabilidad que recurren a los servicios de defensa y asesoría jurídica gratuita.
De acuerdo con pronunciamientos difundidos en redes sociales, el personal separado de sus funciones no desempeñaba labores administrativas, sino que estaba especializado en la elaboración de estudios socioeconómicos, dictámenes de trabajo social y evaluaciones sobre las condiciones de vulnerabilidad de quienes solicitan los servicios del Instituto.
Según las mismas posturas, estas funciones eran fundamentales para que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, comunidades indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención jurídica integral y acorde con sus circunstancias.
Señalan posibles afectaciones al acceso a la justicia
Quienes han expresado su inconformidad sostienen que la salida de este personal especializado podría repercutir en la calidad de los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública, al reducir el acompañamiento técnico y social que complementa la defensa legal de personas sin recursos para contratar representación jurídica.
Asimismo, señalaron que la medida resulta preocupante en el contexto de la implementación de la reforma judicial, al considerar que durante ese proceso se aseguró que serían respetados los derechos laborales del personal del sistema de justicia.
Los posicionamientos también indican que algunos de los trabajadores despedidos habrían quedado sin acceso a prestaciones laborales y de seguridad social, situación que, afirman, podría afectar a quienes reciben tratamientos médicos o dependen de dichos servicios.
Esperan información oficial sobre los ceses
Hasta el momento, las autoridades federales no habían emitido un posicionamiento público detallando las causas de la separación del personal ni el impacto que esta decisión tendrá en la operación del Instituto Federal de Defensoría Pública.
El caso ha generado debate sobre el papel que desempeñan los trabajadores sociales dentro del sistema de justicia, particularmente en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, así como sobre la importancia de garantizar tanto el acceso efectivo a la justicia como el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos.