La tarde del viernes 27 de marzo, un juez de Control giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, además de su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del estado, señalándolos como participantes directos en la masacre de Arantepacua.
Están acusados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, que no se trata de acusaciones menores. Son la confirmación jurídica de lo que durante casi nueve años denunció una comunidad indígena que nunca dejó de exigir justicia.
En las acusaciones por estos delitos, también señalan a Adrián López Solís, exfiscal General del Estado de Michoacán y exsecretario de Gobierno durante la masacre, quien por años ha sido señalado de omiso, en el mismo sentido se encuentran Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales, funcionarios involucrados y señalados por los propios habitantes de la comunidad.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2017, cuando la comunidad de Arantepacua no solo fue reprimida, sino también fue violentada por el Estado, donde 4 comuneros fueron asesinados, se trataba de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna y decenas más resultaron heridos en medio de un operativo policial que, lejos de restablecer el orden, dejó una herida abierta en Michoacán.
Entre las víctimas estaba Luis Gustavo, un joven de apenas 18 años, estudiante de la Universidad Michoacana. Su muerte no solo indignó: simbolizó el costo humano de decisiones tomadas desde el poder.
Hoy, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, sostiene que existen elementos suficientes para fincar responsabilidades. Y con ello, el caso da un giro: de la denuncia social a la acción judicial.
Arantepacua es el reflejo de una tensión histórica: la lucha de los pueblos indígenas por su territorio, su autonomía y su dignidad, frente a un Estado que muchas veces ha respondido con fuerza en lugar de diálogo.
Por eso, la comunidad no solo resistió: se reorganizó. Construyó su propia policía comunitaria y fortaleció sus formas de autogobierno. No olvidó. No cedió.
Arantepacua exige algo más que detenciones. Exige verdad, reparación y garantías de no repetición, reclaman sus comuneros.